Importancia de las Iniciativas Populares en el ejemplo Español

En los países democráticos los ciudadanos depositan su voto en una urna para elegir a sus representantes y por este motivo se habla de la democracia como un sistema representativo. Sin embargo, en algunas constituciones nacionales se contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan poner en marcha la tramitación de una ley. Esta circunstancia se conoce como iniciativa popular o ciudadana.

Este tipo de iniciativa está regulado en una ley y su desarrollo es similar a cualquier otra propuesta legislativa.

En el caso de España

Una propuesta de ley puede ser iniciada por un gobierno, por los representantes del congreso y del senado, por los parlamentos autonómicos y por los ciudadanos. Esta última circunstancia está recogida en el texto constitucional (concretamente en el artículo 87.3) y en una ley, concretamente la ley orgánica 3/1984 aprobada el 26 de marzo. En su denominación técnica esta forma de participación ciudadana se conoce como iniciativa legislativa popular o por las siglas ILP.

Las personas que promueven una ILP la presentan al congreso de los diputados. La proposición de ley debe cumplir con ciertos requisitos: un texto articulado acompañado de una exposición de motivos y de manera adjunta los promotores de la misma deben indicar sus nombres y explicar el motivo que justifica la aprobación de la ley. Una vez que la iniciativa se ha admitido, se inicia un proceso de recogida de firmas durante 9 nueve meses. En este tiempo los promotores deben obtener un mínimo de 500.000 firmas de quienes apoyan la iniciativa popular.

En el caso de no alcanzarse esta cifra en el plazo establecido, la propuesta ciudadana caduca. Si la iniciativa cuenta con el apoyo suficiente, se sigue el procedimiento habitual para cualquier otra tramitación de ley (los trámites de ponencia, comisión y pleno en el congreso y posteriormente en el senado). Los representantes de ambas cámaras pueden proponer modificaciones al texto originario mediante la incorporación de enmiendas.

Las iniciativas populares tienen ciertas limitaciones, ya que no pueden presentarse propuestas relacionadas con algunas materias y ámbitos jurídicos: con leyes de carácter fiscal, con leyes orgánicas, con asuntos de proyección internacional, con propuestas de reforma constitucional o con una modificación de los presupuestos del estado.

En la historia de la democracia española desde la Constitución de 1978 solamente se ha aprobado una ley a través de la iniciativa popular

Quienes han promovido este tipo de propuestas ciudadanas han chocado con dos dificultades evidentes. Por un lado, el excesivo número de firmas (en Italia, por ejemplo, es suficiente presentar 50.000 firmas). Por otra parte, las limitaciones legales establecidas se convierten en un obstáculo.

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