Significado

Quien se desempeña en esta área, independientemente del cargo, tiene el título de funcionario público porque trabaja para el estado, y por consiguiente para la sociedad a la cual integra. Existe un estigma sobre el desempeño general consecuencia de los tiempos de modernización de las instituciones gubernamentales, y de una profunda burocracia, no obstante son fundamentales en el ecosistema de respuesta y control en la sociedad. Asimismo, está presente la corrupción y el intercambio de favores, siendo aspectos que deben combatirse para lograr una gestión responsable y de igualdad.

Funciones Principales

El conjunto de entidades integradas en este postulado tiene una función de carácter general: la gestión de los intereses del conjunto de la ciudadanía de una nación. Tiene que ocuparse sobre la base de criterios objetivos, y no arbitrarios.

Los principios que regulan todas las actividades son los siguientes: eficacia, jerarquía, coordinación y descentralización. Como es lógico, todo ello debe someterse a las normas jurídicas establecidas y al marco constitucional.

Estructura de la Administración Pública

Si bien cada nación tiene su propio sistema organizativo, existe una estructura generalizada que es común a la mayoría de países. A grandes rasgos, la estructura de la administración pública es la siguiente:

Desde el punto de vista territorial hay distintos niveles. En un nivel común se encuentra la administración del estado, que incluye una serie de órganos: el gobierno de una nación y sus distintos departamentos, los distintos ministerios con su correspondiente orden jerárquico y un conjunto de órganos administrativos específicos.

En un siguiente nivel, las entidades públicas tienen una implantación periférica, es decir, en los distintos territorios que poseen una cierta autonomía en la gestión. Por último, los ayuntamientos y las diferentes entidades locales constituyen el nivel de administración pública con mayor proximidad a los ciudadanos.

Ejemplo: tomando de referencia el funcionamiento en España

Si trasladamos los anteriores niveles mencionados a la realidad concreta de España, la administración pública del estado regula una serie de aspectos: defensa del territorio nacional, políticas financieras, carreteras nacionales, administración de justicia, sistema penitenciario y pensiones públicas, entre otros.

En el nivel territorial la administración regula todas aquellas competencias reconocidas en los diferentes estatutos de autonomía: algunos impuestos específicos, sistema educativo, sistema sanitario, red de carreteras territoriales, ordenación del territorio, promoción turística, etc.

Por último, los organismos integrados en los ayuntamientos se centran en todas aquellas áreas más próximas a la realidad cotidiana de los ciudadanos: servicios sociales, policía local, mantenimiento de infraestructuras, etc.

Distinción de las competencias de las administraciones públicas

En el conjunto de las naciones hay una cierta conflictividad en relación con las competencias administrativas de las entidades nacionales, territoriales y locales. Dicho en otras palabras, en muchas ocasiones los ciudadanos no saben si una gestión concreta pertenece a un nivel organizativo u a otro.

Por otra parte, es muy habitual que un mismo servicio público dependa de distintos planos de la administración (por ejemplo, matricular a un niño en un centro educativo depende de la organización de un municipio, del sistema educativo regulado por una autonomía y de las leyes generales promovidas a nivel estatal).