Definición de Violencia de género

Violencia de género

Durante milenios, la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en el ámbito doméstico fue considerada un asunto privado, una prerrogativa del marido o del padre, amparada por el derecho, la religión y la costumbre. Nombrarla como violencia —y no como disciplina, corrección o derecho conyugal— constituyó en sí mismo un acto de transformación política. Conviene, en este sentido, distinguirla de conceptos adyacentes que muchas veces son citados como sinónimos erróneamente. La violencia doméstica o intrafamiliar describe agresiones dentro del hogar independientemente de su motivación; la violencia de género especifica que la causa estructural es la relación de poder desigual entre géneros. El maltrato es un término más amplio que abarca conductas lesivas sin implicar necesariamente una dimensión de género. El femicidio —o feminicidio, según la tradición jurídica— designa el asesinato de una mujer por su condición de tal, es decir, el extremo más letal del continuo de violencia de género. Y el acoso sexual constituye una modalidad específica que opera frecuentemente en el ámbito laboral o educativo.

De lo privado a lo político: la construcción del concepto

La formulación teórica que permitió conceptualizar la violencia contra las mujeres como un fenómeno estructural —y no como una sucesión de episodios individuales atribuibles a patologías personales— tiene su origen en el pensamiento feminista de la segunda mitad del siglo XX. Simone de Beauvoir, en Le deuxième sexe (Gallimard, 1949), sentó las bases al argumentar que la condición femenina no era un dato natural sino una construcción cultural: la célebre formulación de que no se nace mujer sino que se llega a serlo implicaba que las relaciones entre hombres y mujeres estaban organizadas por un sistema de poder susceptible de ser analizado y transformado. Kate Millett, en Sexual Politics (Doubleday, 1970), desarrolló explícitamente el concepto de patriarcado como un sistema político de dominación masculina que se sostiene, entre otros mecanismos, mediante la violencia o la amenaza de violencia.

El paso decisivo del análisis teórico al reconocimiento institucional se produjo en la década de 1990. La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena (1993) reconoció por primera vez que la violencia contra la mujer constituía una violación de los derechos humanos, y en diciembre de ese mismo año la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que estableció una definición amplia del fenómeno incluyendo la violencia física, sexual y psicológica que ocurre en la familia, en la comunidad y la perpetrada o tolerada por el Estado. En el ámbito interamericano, la Convención de Belém do Pará (1994), formalmente Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, se convirtió en el primer instrumento vinculante del mundo específicamente dedicado al tema, y sigue siendo la base jurídica de las legislaciones nacionales en la materia en gran parte de América Latina.

Las cifras: una pandemia silenciosa

La magnitud estadística de la violencia de género la sitúa, según la propia OMS, entre las problemáticas de salud pública más graves del planeta. El informe Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018, publicado conjuntamente por la OMS, ONU Mujeres y otros organismos en 2021, estimó que el 27% de las mujeres de entre 15 y 49 años —aproximadamente 736 millones— ha experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, violencia sexual por parte de un tercero, o ambas, al menos una vez en su vida. En algunas regiones, la prevalencia supera el 33%. Los femicidios representan la expresión más extrema: según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), aproximadamente 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente en 2022, de las cuales más de la mitad murieron a manos de parejas o familiares, lo que equivale a una mujer asesinada cada once minutos en el ámbito doméstico.

En América Latina, la problemática adquiere contornos graves. El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL registra tasas de femicidio entre las más altas del mundo en países como Honduras, El Salvador, Brasil y México. Argentina tipificó el femicidio como agravante del homicidio en 2012, y organizaciones de la sociedad civil —como La Casa del Encuentro— producen registros independientes que complementan las estadísticas oficiales. El movimiento Ni Una Menos, surgido en Argentina en junio de 2015, constituyó una movilización masiva que instaló la violencia de género en el centro de la agenda pública del país y se replicó en numerosas ciudades de América Latina y Europa, demostrando que el reclamo había alcanzado una transversalidad social sin precedentes.

Los mecanismos: más allá del golpe

Una comprensión rigurosa de la violencia de género exige superar la reducción al daño físico visible. Evan Stark, en Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (Oxford University Press, 2007), propuso el concepto de control coercitivo para describir un patrón de conductas que incluye la vigilancia constante, el aislamiento de la víctima respecto de sus redes de apoyo, la regulación de sus movimientos, su vestimenta, su alimentación y sus finanzas, y la degradación sistemática de su autoestima. Stark argumentó que este patrón —que puede o no incluir episodios de violencia física— constituye una privación de libertad comparable a la de un secuestro, y que las legislaciones centradas exclusivamente en el incidente violento individual resultan insuficientes para captar la naturaleza acumulativa y envolvente de la experiencia de las víctimas.

La violencia económica y patrimonial —el control de los ingresos, la prohibición de trabajar, la apropiación de bienes— constituye otra dimensión frecuentemente invisibilizada. La violencia simbólica, concepto desarrollado por Pierre Bourdieu en La domination masculine (Seuil, 1998), opera de manera aún más sutil: se trata de la naturalización de la desigualdad de género a través de representaciones, discursos y prácticas que las propias víctimas pueden interiorizar como normales, reproduciendo las condiciones de su subordinación sin percibir la coacción que las sostiene. Bourdieu insistió en que la dominación masculina no se perpetúa exclusivamente por la fuerza sino por la complicidad involuntaria de quienes la padecen, una tesis que generó intensos debates dentro del propio feminismo pero que iluminó un mecanismo central: la violencia de género más eficaz es aquella que no se reconoce como tal.

Marcos legislativos: avances y límites

Las últimas tres décadas han registrado una expansión sin precedentes de la legislación contra la violencia de género a escala global. En América Latina, Brasil sancionó la Ley Maria da Penha (2006), considerada por la ONU como una de las tres mejores legislaciones del mundo en la materia; México promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007); Argentina aprobó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009). En Europa, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul (2011), estableció el marco más comprehensivo del continente, aunque no todos los estados miembros lo han ratificado y Turquía —paradójicamente, su sede de firma— se retiró del mismo en 2021.

No obstante, la distancia entre la norma y su aplicación efectiva sigue siendo considerable. Sally Engle Merry, en Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice (University of Chicago Press, 2006), analizó cómo los marcos jurídicos internacionales se transforman —y frecuentemente se debilitan— al ser implementados en contextos locales con culturas institucionales, prácticas policiales y concepciones de género que no se modifican por la sola sanción de una ley. La revictimización en el sistema judicial, la falta de presupuesto para refugios y programas de asistencia, la insuficiencia de la capacitación de operadores judiciales y policiales, y la persistencia de estereotipos de género en las propias instituciones encargadas de aplicar la ley configuran un escenario en el que el avance legislativo, siendo indispensable, resulta insuficiente si no se acompaña de transformaciones culturales, presupuestarias e institucionales de largo plazo.

La dimensión cultural: prevenir antes que sancionar

La investigación contemporánea tiende a coincidir en que la violencia de género no se resuelve exclusivamente mediante la respuesta penal. Rachel Jewkes, epidemióloga del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica y una de las principales investigadoras globales en la materia, ha argumentado en múltiples publicaciones del Lancet que la prevención primaria —es decir, la intervención sobre las causas antes de que la violencia se produzca— exige actuar sobre las normas sociales que la sostienen: las concepciones de masculinidad que asocian la virilidad con la dominación, la tolerancia social hacia la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, la cosificación del cuerpo femenino en los medios y la publicidad, y la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.

Programas como SASA! en Uganda, evaluado mediante ensayo controlado aleatorizado por Tanya Abramsky y colaboradores en un estudio publicado en The Lancet (2014), demostraron que intervenciones comunitarias sostenidas que involucran a hombres y mujeres en la transformación de normas de género pueden reducir significativamente la violencia de pareja y las actitudes que la justifican. Estos hallazgos refuerzan una idea que el feminismo ha sostenido desde sus orígenes: la violencia de género no es un problema de mujeres sino un problema de la sociedad en su conjunto, y su erradicación requiere interpelar no solo a quienes la padecen sino, fundamentalmente, a quienes la ejercen, la toleran o la invisibilizan.