Definición de Estatuto de Roma

La justicia se organiza a través de organismos nacionales, pero en 1998 se creó una entidad supranacional, la Corte Penal Internacional. Su sede se encuentra en la ciudad holandesa de La Haya. El marco legislativo que rige esta institución está recogido en un documento, el Estatuto de Roma.

Principales contenidos del Estatuto

En el preámbulo del documento se indica que la finalidad de la Corte Penal Internacional consiste en velar por las víctimas de cualquier atrocidad o crimen que se cometa.

Asimismo, según lo dispuesto en el Estatuto, ningún estado tiene legitimidad para intervenir en los asuntos de otro estado.

La Corte Penal Internacional es un órgano independiente y asociado a las Naciones Unidas. Esta institución ejerce su jurisdicción en relación con los crímenes de máxima gravedad con proyección internacional.

Esta institución tiene competencias sobre los siguientes crímenes: de genocidio, de agresión, de lesa humanidad y de guerra. En el caso del delito de lesa humanidad, se incluyen los siguientes tipos delictivos: esclavitud, asesinato, deportación forzosa, tortura, prostitución forzada o privación de libertad.

En el Estatuto de Roma se hace hincapié en el derecho que tienen las víctimas a participar en los procedimientos judiciales.

Aspectos centrales de la Corte Internacional

En 1998 un total de 120 estados adoptaron el Estatuto de Roma y de esta manera se crearon los fundamentos de una justicia penal supranacional. El objetivo prioritario de este organismo es combatir la impunidad de quienes han cometido crímenes de extrema gravedad y que ponen en peligro la paz y la estabilidad de las naciones.

La Corte fue creada como una institución de último recurso y con la intención de complementar a los sistemas nacionales de justicia. Así, la Corte interviene solo en aquellos casos en los que los estados no actúan frente a los delitos.

A lo largo de los años, la Corte ha tomado decisiones en asuntos trascendentales: condenas por actos de violencia sexual y por actos de destrucción de propiedad cultural

Las órdenes de reparación dictadas por la Corte no se dirigen contra los estados, sino contra las personas condenadas de manera individual. En el caso de que el responsable de un delito no tuviera recursos económicos para compensar a las víctimas, las reparaciones quedarían a cargo de un fondo fiduciario para las víctimas.

Para que la Corte sea una institución eficaz en sus procedimientos es necesario que cuente con la colaboración de los estados. Esta colaboración es indispensable para reunir pruebas, para proteger a testigos y a víctimas o para arrestar a los sospechosos.

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