Significado de Tercerización o Subcontratación

  • Por Gabriela Hernandez (Licenciada en Derecho)
  • Dic, 2019
  • ¿Qué se entiende por tercerización o subcontratación?

    Es cuando una empresa, dedicada o contratada para una determinada tarea, recurre a otra para que haga parte de las labores por las cuales se ha comprometido, y si bien se plantea el mensaje de que sirve para potenciar la calidad y los procesos generales de desarrollo, la realidad expone que su implementación se basa en dos pilares: reducir costes y, a la vez, poder incrementar la producción acelerando tiempos y cantidad, lo cual no suele estar acompañado por mejores condiciones de trabajo ni de resultados.

    Es bastante frecuente observar esta práctica en el terreno laboral, aunque muchos consideran que la misma debe ser regulada, razón por la cual países como España, México o Argentina están avanzando en esta línea, mientras que Venezuela optó por un camino más extremo e interesante como referencia al abordar la prohibición en 2012.

    Objeciones a la subcontratación

    Lo primero, es que quien obtiene el contrato es una empresa cuyos méritos han devengado confianza. Normalmente, quien acepta contratar desea los servicios directos de esa empresa, no de otra compañía. Por ende, que el trabajo solicitado finalmente sea realizado por otras personas, es algo que muchos consideran como objetable.

    Finalmente, está el tema de los precios. La empresa que suscribe el contrato original gana cierta cantidad de dinero, con la cual puede subcontratar a una segunda compañía para que haga buena parte de las labores. ¿Acaso esto no le resulta más costoso al contratante? ¿No es más económico pagar directamente los precios de la empresa “subcontratada”?

    Hay quienes afirman que la tercerización es una expresión de monopolio comercial. Una empresa que tiene los contactos y la reputación para ganar grandes contratos, simplemente se aboca a delegar las labores por las cuales se ha comprometido, en terceros.

    Derechos y garantías laborales

    Esta práctica muy común en países como México y Estados Unidos se presta a ciertos detalles que son cuestionables para muchos. Por ejemplo, quienes son “subcontratados” solo devengan ingresos puntuales, sin tener derechos laborales como la seguridad social y otras ventajas como los sindicatos.

    Muchas veces, se busca tener empleados con un mínimo de prestaciones de ley y, en ocasiones, hasta sin ninguna prestación. En todo caso, la práctica de la tercerización mantiene la relación entre empleado y empleador en un mínimo de legalidad, y a veces, hasta el margen de la misma.

    Lo cierto es que el outsourcing da muchas ventajas a las empresas contratadas. Les permite bajar sus precios y obligaciones con la mano de obra. Además, una vez terminado el trabajo terminan toda la obligación que tienen con los trabajadores. Esto último, es algo que se mantiene en los límites del buen derecho laboral.

    ¿Cuándo es válida? ¿La práctica del outsourcing es legal o ilegal?

    Para ser honestos, todas las empresas y prestadores de servicios pueden subcontratar labores. Por ejemplo, un médico pide a un laboratorio que haga los exámenes médicos de su paciente. Un odontólogo subcontrata a un mecánico dental para que elabore las prótesis de sus clientes.

    También, la tercerización es muy común en las empresas de manufactura. Un fabricante de muebles puede pedir a una compañía que le fabrique las gavetas de sus mobiliarios. Las grandes empresas de computación suelen subcontratar a fabricantes de chips para que les hagan parte del hardware de sus equipos.

    Lo cierto es que el asunto está en el porcentaje de labor que hace la empresa subcontratada. Obviamente, la mayor parte del trabajo lo debería hacer la empresa contratada, pues para eso se le contactó.

    Otro tema es la vigilancia de quienes dan los servicios subcontratados. Por lo general, la empresa principal cumple con todos los requisitos legales (impuestos, firma legal, etc). No obstante, muchos prestadores de servicios en tercerización están en sombras jurídicas: inmigrantes ilegales, nóminas falsas, empresas de maletín, etc.

    De cualquier manera, es necesario un marco legal que obligue a quienes suscriben contratos a realizar la mayor parte de la labor encomendada. Asimismo, evitar que se subcontraten entidades al margen legal.

    Venezuela: un país que prohíbe la tercerización

    Desde el año 2012, las leyes del trabajador venezolano catalogan como ilegal la tercerización. Esto lo hace mediante la Ley Orgánica del Trabajo, indicando que esta práctica es una simulación y fraude. Se considera que esta práctica va en contra de la legislación laboral, siendo un claro detrimento de los derechos de los trabajadores.

    Hay que indicar que el perfil gubernamental venezolano siempre defiende a los trabajadores por encima de los patronos.

    En este punto, surge una discusión: ¿eliminar el outsourcing no es acaso menoscabar los derechos de los patronos? ¿Los empleadores acaso no tienen derechos también?

    No obstante, hay que dejar algo en claro: esta prohibición solo atañe labores permanentes. Es decir, que todo trabajo puntual si puede ser realizado por medio de subcontrataciones.

    Intención de avanzar sobre controles en México

    México es un país donde esta práctica es muy recurrente. En buena medida, esto se manifiesta a partir de unas estadísticas divulgadas en el año 2018. En estos números se demuestra que muchas empresas mexicanas evaden impuestos al contratar personal en modalidad de outsourcing.

    Por otra parte, preocupa la gran cantidad de trabajadores que funcionan bajo este formato. Se estima un total de 8 millones de mexicanos en tercerización. Se trata de una tasa muy alta de ciudadanos que cumplen con jornadas laborales, pero que quedaron fuera de la seguridad social estipulada por las leyes de la República Mexicana.

    Bajo estas circunstancias, se considera que la práctica de la tercerización tiene varias aristas negativas. En primer lugar, se ve afectado el propio Estado, ya que deja de percibir gran cantidad de tributos que en teoría han de ingresar a sus arcas. Por otra parte, la misma población resulta menoscabada al popularizarse una práctica de contratación que afecta sus propios derechos laborales.

    En el caso mexicano, se habla de que la subcontratación solo debe realizarse con trabajadores especializados. Igualmente, se espera que el contratista garantice todos los derechos laborales durante el tiempo de labor, no que solo se pague el trabajo realizado.

    Como se puede notar, el asunto de la tercerización se convierte en una política de Estado. En buena medida, porque esta práctica afecta los derechos de los ciudadanos, e incluso, la dinámica misma del ejercicio gubernamental.