Significado de Beneficio de la Duda

  • Por Gabriela Hernandez (Licenciada en Derecho)
  • Jul, 2020
  • ¿Qué implica el beneficio de la duda?

    El filósofo francés René Descartes definió la duda “como la búsqueda constante de la verdad absoluta”, es decir, verdades de las cuales no haya lugar para dudar, que han sido comprobadas y sobre las cuales no cabe la posibilidad de alguna falla o error. En materia jurídica, es una consideración declarada a la persona cuando los elementos que se esgrimen en su contra no son lo suficientemente convincentes como para declararla culpable.

    Elementos Esenciales

    Para otorgar a alguien el beneficio de la duda, deben darse ciertas características indispensables, a modo de validación:

    • Respecto a las pruebas: se debe comprobar que el acervo probatorio es insuficiente para declarar culpable a una persona por la comisión de un delito o si los mismos han sido obtenidos de manera ilícita.
    • La presunción de inocencia: Toda persona debe considerarse inocente hasta que se logre probar, más allá de toda duda razonable, lo contrario.
    • Las máximas jurídicas: Entre estas hay que destacar el principio In Dubio Pro Reo, que establece que en caso de existir dudas en un proceso sobre la culpabilidad del acusado, el tribunal debe siempre actuar a favor del reo, jamás en su contra.

    Privilegios comprendidos

    Cuando un tribunal, en cualquiera de sus instancias, declara el beneficio de la duda en un determinado proceso, quien está siendo investigado o culpado por el hecho delictivo, debe ser absuelto de toda medida de coerción personal que pese sobre él, produciéndose su liberación inmediata y sin restricciones, en caso de que si estaba privado de libertad.

    Ahora bien, si el acusado gozaba de alguna medida de coerción personal, para asegurar su presencia durante y en el proceso, se debe aclarar que el hecho de ser absuelto por beneficio de la duda no implica necesariamente que la persona no haya estado involucrada en los hechos, implica más bien que solo que hasta el momento no existen las pruebas suficientes para declararlo culpable, más allá de toda duda razonable.

    ¿Es jurídicamente otorgable el beneficio de la duda?

    Sí. La Corte Penal Internacional (CPI), en el artículo 66.3 de su regente Estatuto de Roma, establece que la Corte solo debe declarar la culpabilidad en un caso cuando no existan elementos que puedan hacer dudar sobre la misma, es decir, la CPI no puede declarar una culpabilidad si no existen suficientes elementos condenatorios que den certeza de la culpa de un procesado.

    Tomando en consideración lo anterior y, siendo como es, deber de todo sistema jurídico es la búsqueda de la verdad absoluta en los procesos por ellos llevados. Ellos están obligados a exigir, a todos los actores involucrados en el proceso, pruebas definitivas y claras que puedan conducir al establecimiento de la verdad sin que esta pueda ser considerada amañada o viciada de alguna manera, solo así se garantiza que el proceso judicial sea correctamente llevado y respetado.

    La insuficiencia de pruebas o la ilicitud al momento de recabar las mismas, se considera suficiente como para declararlas ineficaces o nulas, dando lugar a que se otorgue el beneficio de la duda, el cual es una garantía jurídica, acogida por casi todos los Estados a nivel mundial. Conlleva en sí, el hecho de que la libertad del hombre es un bien invaluable y que debe ser garantizado como tal, hasta tanto se demuestre fehacientemente que el individuo realizo hechos que lo comprometen en la transgresión de la ley vigente en el territorio donde se le juzga.

    ¿Qué sucede si una persona beneficiada por este recurso resulta culpable?

    Este instrumento suele predominar durante el desarrollo de un juicio, y por este se libera (y hasta absuelve) al enjuiciado hasta la resolución del mismo. En caso de resultar culpable, lo normal es que cumpla su condena, o bien los abogados defensores pueden intentar una apelación.

    En el caso de que en el juicio no se haya logrado demostrar la culpabilidad del sujeto acusado, y este proceso judicial termine absolviéndolo completamente, se declare nulo o se archive, corresponde evaluar y atenerse a las leyes procesales de la región. En los sistemas de justicia existe la figura de la cosa juzgada, en otras palabras, una vez que una persona ha sido juzgada y declarada absuelta de un delito, no puede volver a ser juzgada por el mismo delito, todo esto en aras de garantizar la libertad como bien inalienable del ser humano.

    Sin embargo, el hecho de que una persona sea declarada absuelta en un juicio penal, no descarta la posibilidad de que en un juicio civil por reparación de daños y perjuicios pueda ser juzgada nuevamente y condenada a reparar de manera monetaria el detrimento que haya podido ocasionar. Es de hacer notar que los sistemas judiciales existentes tratan de garantizar absolutamente todos los derechos de los individuos sometidos a ellos.

    In Dubio Pro Reo y Presunción de Inocencia

    In Dubio Pro Reo es una expresión latina que se traduce en que “en caso de duda debe decidirse a favor del reo”. Esta máxima va dirigida al juzgador, estableciendo que cuando no existan suficientes elementos probatorios para declarar culpable a un individuo, éste debe ser absuelto, pues las pruebas aportadas por la Fiscalía o por los acusadores privados (en caso de que los haya) no se pueden verificar de manera fáctica o no son eficaces para sostener, sin lugar a ninguna duda, que el individuo en cuestión es culpable de los hechos por los que se le acusan.

    Por otro lado, cualquier individuo tiene derecho a que se le tenga por inocente, mientras no se pueda comprobar que es culpable. A este derecho se le llama Presunción de Inocencia, aunque suele confundirse con el principio In Dubio Pro Reo, pero son distintos, toda vez que la presunción de inocencia es un derecho garantizado en las legislaciones de los países, desde el inicio del proceso y que salvo las excepciones debidamente establecidas, deben imperar y garantizar la libertad del inculpado.

    En el derecho internacional, la presunción de inocencia es reconocida buscando con esto afianzarla como derecho fundamental. Se caracteriza porque siempre la carga de la prueba corresponde a quien acusa, no a quien defiende, es decir, la parte acusadora debe demostrar que el procesado es culpable. De igual modo, las pruebas que se presenten deben ser viables, legales y haberse recogido con apego a las reglas procesales.

    La presunción de inocencia se encuentra reconocida como derecho en la Convención American de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en casi todas las constituciones del mundo, encontrándose protegido por el sistema de garantías constitucionales y el Sistema de Universal Protección de los Derechos Humanos.