Definición de Estado de Excepción

Lilén Gomez
Profesora en Filosofía

La noción del estado de excepción da cuenta del momento paradójico que funda el orden del derecho, en virtud del cual éste se suspende a sí mismo con el objetivo de, precisamente, resguardar su continuidad. Se trata de una forma de exclusión de la legalidad al interior de la propia legalidad.

El estado de excepción es un concepto que ha sido desarrollado en profundidad por el filósofo italiano Giorgio Agamben (1942), bajo su obra homónima, la cual forma parte de la saga Homo sacer (tomo II, parte I). Para Agamben, el estado de excepción, en el cual el derecho queda suspendido, por ser constitutivo del orden legal en sí mismo, no es verdaderamente una excepción inusual, sino que deviene el paradigma permanente del gobierno en el marco de la política de Occidente, desde sus orígenes.

Estado de derecho y estado de excepción

A lo largo de su obra, Agamben indaga sobre el campo de fuerzas que se traza entre dos polos: por un lado, el estado de derecho y, por el otro, el estado de anomia, es decir, de negación de la legalidad. El estado de excepción consiste en una zona de ambigüedad entre ambos polos contradictorios, que los mantiene unidos entre sí; y, al mismo tiempo, funda un nexo sustancial entre derecho y violencia.

El estado de excepción es la herramienta con la que cuenta legalmente el poder estatal para dar respuesta inmediata a los conflictos internos, suspendiendo ciertas garantías constitucionales de la población. La transgresión de dichas garantías se vuelve lícita bajo la justificación de una necesidad, en virtud de la cual es preciso sustraer un caso singular de la aplicación regular de las normas. Es decir, generar una excepción a la norma.

No se trata, en este sentido, de una laguna del derecho frente a la cual se presenta la exigencia de elaborar un derecho positivo para subsanarla; dado que lo que caracteriza al estado de excepción es la suspensión de un orden ya vigente, para garantizar su propia existencia ante una amenaza. Del mismo modo, el estado de excepción tampoco coincide con la aplicación de una ley marcial o con un estado de guerra civil, figuras a partir de las cuales se instaura un derecho especial —el derecho de guerra—.

Origen del estado de excepción

Agamben ubica el origen del estado de excepción en el contexto de la Revolución Francesa, a partir del decreto de la Constitución francesa de 1791. Desde entonces, es posible rastrear diferentes momentos, a lo largo del los siglos XIX y XX, en los que se pone en marcha el estado de excepción, hasta llegar a ser incorporado a las constituciones actuales europeas y americanas, en las cuales su aplicación está regulada como una atribución del poder ejecutivo para tomar las medidas necesarias en el caso de que la república se encuentre bajo una amenaza grave e inmediata a su independencia, a su integridad territorial o al normal funcionamiento de sus instituciones.

El filósofo encuentra el arquetipo del estado de excepción moderno en la figura del Iustitium del derecho romano, en virtud del cual se interrumpía el ordenamiento del derecho normal, otorgándose poder ilimitado a los magistrados como resultado de la suspensión de las leyes.

La problemática del estado de excepción

El problema que subyace a la dinámica que instaura el estado de excepción, es decir, de un estado vacío de derecho, es, precisamente, la relación paradójica que se establece en la medida en que dicho vacío opera como fundamento del orden jurídico, al mismo tiempo dentro y fuera de él. Agamben señala que, en el centro de la problemática, se halla la identificación que se ha hecho desde la filosofía política (particularmente, en las lecturas de Carl Schmitt), del estado de excepción con el poder dictatorial, ya que tal identificación permitiría oponerlo al orden legal sin más.

Sin embargo, el estado de excepción, al ser remitido al paradigma arquetípico del Iustitium, no puede ser confundido con el paradigma de la dictadura (el cual constituía una figura específica del derecho romano), sino que constituye una zona de indistinción al interior del orden constitucional en cuanto tal. El vacío de derecho, entonces, marca una relación ineludible entre fuerza y derecho; puesto que, en última instancia, el poder que suspende o pone en marcha el derecho, en virtud del cual los gobiernos tienen potestad de gobernar, viene desde fuera del derecho.

De la teoría a la práctica

Parte escrita por Alsina Gonzàlez |
Periodista esp. e investigador

Aunque en teoría debe ser empleado solamente en un caso extremo para salvaguardar a la propia población de alguna amenaza (de tipo natural, un ataque, una plaga), a la práctica ha sido utilizado como excusa para oprimir a la población bajo un régimen dictatorial. Durante el estado de excepción se pueden suprimir la libertad de movimientos, de reunión y de expresión de los ciudadanos entre otros, e incluso realizar prohibiciones que contravengan los derechos adquiridos políticamente.

Por ejemplo, para controlar una epidemia, un gobierno puede dictaminar el estado de excepción y suprimir completamente la libertad de movimientos durante días para prevenir contagios masivos, así como la libertad de expresión para evitar falsos rumores y el envenenamiento de la moral de la población.

Una vez más: el estado de excepción es una arma de doble filo que puede ser utilizada para superar una solución adversa, o bien para encumbrar a una dictadura. Generalmente, lo primero que hace un dictador al derrocar el anterior gobierno, es decretar el estado de excepción para impedir que sus enemigos políticos tomen el poder.

Por ello, en muchas ocasiones, el estado de excepción y la manga ancha que este permite a las autoridades al poder suprimir derechos básicos, es empleado para señalar a un colectivo como enemigo. En el caso de las dictaduras, dichos colectivos son demócratas y opositores políticos y sociales, o minorías a las que se culpabiliza de una determinada situación o de determinadas acciones.

El precedente más antiguo del estado de excepción que podemos encontrar es la dictadura romana

Para entender esta institución, su nombre debe despojarse de la connotación peyorativa que tiene en nuestros días. La dictadura romana estaba sancionada por ley, y consistía en que en situaciones críticas, se otorgaba todo el poder a un solo magistrado (el dictador) durante un periodo corto de tiempo (generalmente seis meses), durante el cual su mandato no tenía restricciones en cuanto a lo que podía hacer y, a posteriori, en teoría no podía pedírsele que rindiera cuentas legalmente de ninguna decisión tomada o acción emprendida.

Entre los dictadores que tuvo Roma antes de que Sila pervirtiera la institución, destaca Cincinnatus, que lo fue por dos veces, y ambas renunció a estar en el poder más de lo estrictamente necesario una vez resuelto el problema (solamente unos días), convirtiéndose para sus compatriotas en un ejemplo de toda clase de virtudes, como la honorabilidad, frugalidad y honestidad.

También tenemos a Quinto Fabio Máximo, quien desempeñó la dictadura durante la II Guerra Púnica, cuando las fuerzas de Aníbal amenazaban la ciudad eterna. Desde luego, una situación que actualmente justificaría de pleno el estado de excepción.

La articulación legal de lo que actualmente conocemos como estado de excepción nos la ha legado la República de Weimar. Esta entidad política, que sustituyó al Imperio Alemán y perduró en el periodo de entreguerras hasta el advenimiento del régimen nazi, articuló un mecanismo legal para limitar las libertades y que el ejército y las fuerzas del orden pudieran tomar el poder, espoleado por una mayoría social conservadora y que tenía terror a una revolución como la que había sucedido en Rusia en 1917.

En alemán se denominó Ausnahmezustand.

Fotos Fotolia: Fiore26 / M-SUR

Por: Lilén Gomez. Profesora en Filosofía, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Desempeño en el ámbito de la docencia y la investigación, en áreas de la Filosofía Contemporánea.

Art. actualizado: Julio 2022; sobre el original de diciembre, 2018.

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