Significado de Participación Ciudadana

  • Por Gabriela Hernandez (Licenciada en Derecho)
  • Jul, 2020
  • Es sentir la necesidad por involucrarse por el bienestar de la sociedad a partir de problemáticas que se observan en lo social y económico, para contribuir hacia una solución, e influenciando directa o indirectamente sobre la esfera política. Surge, en gran medida, como consecuencia del abandono, desinterés u orden de prioridades pautado por la dirigencia que está en el poder, como también como acción de pretesta frente a medidas que se pretenden implementar que van a contramano de los intereses del conjunto de la población.

    Participación tiene referencia etimológica en el latín como participatio, en el que se aprecian los elementos partis, en referencia a la parte de algo, y capere, por tomar, postulando apropiarse de un tema para involucrarse en el mismo. Por su parte, ciudadana/o, hace alusión al individuo y a los aspectos de la comunidad que éste integra. En la antigüedad, no todas las personas tenían esta participación: los esclavos y súbditos quedaban descartados de este privilegio. Otras condiciones como la raza o el género (ser mujer) reprimían derechos como el del voto. Lo curioso es que en los tiempos de hoy muchas veces la participación ciudadana no solo es un derecho, sino también una obligación.

    ¿Se puede concebir la participación ciudadana sin educación cívica?

    Para contestar esta interrogante, debemos diferenciar dos cosas: la «participación política» y la «participación ciudadana». Ambas pueden solaparse, pero son diferentes.

    • La participación política: implica candidaturas, así como ser miembro activo de grupos de esta índole. Igualmente, participación en instancias de gobierno y de representación ciudadana.

    • La participación ciudadana: incluye inmiscuirse en lo político, pero va más allá. Atañe el ejercicio del voto, así como el respeto a las leyes. Asimismo, el trabajo voluntario por la comunidad y el uso ético de las potestades, como la libertad de expresión.

    Por lo antes dicho, resulta obligatoria la educación cívica para la participación ciudadana. En buena medida, esto se debe a los siguientes aspectos:

    • Con esta educación, las personas conocen sus derechos y deberes.
    • Las personas entienden que deben ser “ciudadanos” y no simples “habitantes”.
    • Se valoran las leyes y se protege el estatuto legal.
    • Se aprenden los procedimientos correctos para ejercer los derechos.
    • Se entienden los límites de las potestades civiles y constitucionales.

    En suma, para ejercer adecuadamente la participación ciudadana hay que conocer el civismo. La educación cívica forma a los individuos para que no abusen o deformen sus derechos. Una potestad ejercida de manera malintencionada se convierte en una tergiversación.

    Importancia y valor jurídico

    La participación ciudadana suele englobar aspectos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No obstante, lo que originalmente son catalogados como “derechos”, jurídicamente pasan a tener dos nuevas consideraciones:

    • Herramientas que permiten que los ciudadanos participen en los asuntos públicos.

    • De ser derechos, pasan a tener cierto rango de obligación (en ocasiones legal, como en países donde el voto es obligatorio; pero en la mayoría de ellos tienen consideración ética).

    Para garantizar la participación, tanto la Constitución como las leyes, se subordinan a la soberanía del pueblo. Asimismo, se exige la independencia de los poderes públicos. A esto se añade la preferencia por la toma decisiones públicas descentralizadas. Así mismo, resulta fundamental que los integrantes de poderes legislativos y ejecutivos se elijan por votación, y que estos cargos se renueven periódicamente.

    El valor jurídico de la actividad ciudadana reside en que se le considera un principio, una norma, un derecho e, incluso, un deber. ¿Qué significa esto? Pues, que la misma irradia hacia todos las esferas legales. De algún modo, es un criterio omnipresente en todos los cuerpos legales.

    Como base para la creación y cumplimiento de las leyes

    Ocurre que con la «participación ciudadana» se realiza la «creación de ciudadanía». Esta relación es esencial en la ciencia política actual. En otras palabras, se crea la trama de derechos y deberes de una sociedad.

    – Los derechos indican un objetivo para las leyes del Estado. Se hacen leyes para que el gobierno haga cumplir estos derechos.

    – Los deberes señalan las normas que deben cumplir los ciudadanos. En este caso, se crean legislaciones orientadas a que los deberes de las personas se ejerzan de manera correcta.

    Los derechos se logran por medio de garantías constitucionales e institucionales. Los deberes también se reglamentan en formatos de ley. No obstante, de fondo el asunto es que las leyes orienten y hagan que tanto derechos como deberes se conviertan en prácticas ciudadanas. Es decir, que se lleven a cabo, que se concreten, sin quedar solo en intenciones o en manifiestos.

    Asimismo, la participación ciudadana es el punto de contacto entre el sistema estatal y social. Muchas veces, las leyes extravían su perspectiva, de ahí la oportunidad de que la misma ciudadanía propaga proyectos de ley ante el poder legislativo, ya que no miran todo desde un solo punto de vista. Gracias a la participación ciudadana se puede hacer el necesario balance entre lo social y estatal.

    Contraloría social: Ejemplaridad, supervisión y legitimación

    – Ejemplaridad: ejercer la participación ciudadana es un patrón de conducta. Nuevas generaciones lo replican. Al mismo tiempo, se muestra la diferencia entre ejercer y no ejercer esta participación. Con el ejemplo, se deja en claro la manera en que esta participación se debe realizar, y se torna en uso acostumbrado no salirse de las pautas sociales.

    – Supervisión: la actividad incluye velar por el cumplimiento de leyes, modos de conducta y correcto ejercicio de la ciudadanía. Incluye la denuncia y la crítica de situaciones que quebrantan el pacto social. Asimismo, exigir que todos los procesos se realicen de manera correcta, es decir, velar no solo por el acatamiento de “deberes y derechos”, sino también por la calidad de los mismos.

    – Legitimación: toda acción hecha con buena participación ciudadana queda legitimada. Por ejemplo, cuando el ejercicio al voto se ejecuta sin vicios o procesos dudosos, quienes resultan electos tienen plena legitimidad en sus cargos.

    Es así como todo derecho ejercido dentro de los canales regulares es válido. De hecho, una forma de contraloría es que la correcta participación ciudadana sea legítima. En cambio, lo que se sale de este modus social carece de esa legitimidad.

    Finalmente, es una forma de hacer la ciudadanía. Vale decirse que esta demostración puede cambiar en el tiempo, en base a nuevas circunstancias. Es el ejercicio ciudadano el que marca la pauta de estos cambios y no la imposición de normas arbitrarias.