Definición de Ley del 2×1 (Argentina)

Existe un concepto muy discutido y controversial en el ámbito de la legalidad argentina que se conoce extraoficialmente como «2×1». Esta idea, que implica el acortamiento de las penas a delincuentes generales, ha sido siempre una idea controvertida ya que se entiende que aquel que ha cometido un delito puede ver su condena alivianada por elementos como buen comportamiento o si estuvo detenido antes del proceso judicial condenatorio.

El popularmente conocido 2×1 se encuentra en la Ley 24.390, que fuera votada en congreso en 1994, en la época menemista, presentada por el senador Alasino, perteneciente al PJ, quien manifestara, entre otros argumentos, la crisis superpoblacional de las cárceles argentinas, y un desborde con respecto a los tiempos de análisis de causas penales.

El día 3 de mayo de 2017 esta idea se llevó a un nivel superior debido a que la Corte Suprema de Justicia en el país dio vía libre para que esa ley se pueda aplicar a genocidas de la última dictadura que se encuentran presos.

El 2×1 en términos generales: la condonación de la pena a un delincuente

La historia del concepto del 2×1 en la Argentina es relativamente reciente. La misma se dictó y sancionó en el año 1994, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, con el objetivo de alivianar la sobrecarga que para ese momento tenían las cárceles argentinas de presos y detenidos, especialmente aquellos que se encuentran privados de su libertad sin sentencia firme. Así, la justicia entendía en ese momento que aquella persona que había permanecido privada de su libertad antes de ser efectivamente condenada podía luego acceder al beneficio de ver su pena morigerada. Esta ley se derogó finalmente en el año 2001.

La controversia sobre el 2×1 a genocidas de la última dictadura militar

En la semana del 3 de mayo del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina dictaminó que los genocidas detenidos, acusados y condenados a penas de reclusión perpetua por su actuación en la última dictadura militar podían comenzar a acceder a este beneficio. Así, como muchos de ellos estuvieron detenidos en años previos (y luego fueron liberados por los indultos de Carlos Menem), los jueces supremos entienden que estos sujetos pueden acceder a una reducción de sus penas.

La controversia que se ha generado al respecto de esta decisión, así como también el fuerte repudio social frente a la misma, se origina en el hecho de que la jurisprudencia tanto nacional (argentina) como internacional (con los tratados a los que el país ha suscripto) señala que los delitos de lesa humanidad como los que se han cometido en la última dictadura militar (torturas, detenciones arbitrarias, desaparición de personas y terrorismo de Estado) son imprescriptibles. Esto significa que los delitos cometidos no desaparecen nunca y por lo tanto estas personas que podrían acceder a este beneficio no deberían ver condonadas o morigeradas sus penas ya que eso implicaría una contradicción legal.

Finalmente, vale señalar que surge en este sentido un conflicto legal y judicial muy grande ya que al haber sido la Corte Suprema la que dictaminó esta nueva posibilidad judicial, todos los jueces, secretarías y fiscalías quedan debajo de ella y por lo tanto se perdería poder en la lucha por el reconocimiento de los delitos cometidos, los juicios y las condenas a los responsables de tales crímenes.

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